Según Néstor Luján, en el año 425 antes de Cristo se decretó una ley que dictaminaba que los procesos judiciales tenían que concluir en una audiencia. Los jueces recibían un dracma por día y por proceso, cantidad que correspondía en aquel tiempo a los ingresos de una familia humilde. Debido al coste que suponía para los procesados, la duración de los juicios se reducía al máximo, de ahí la expresión.

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